La delirante España de las Autonomí­as

Durante muchos años las Comunidades Autónomas han seguido criterios y llevado a cabo hojas de ruta absorbiendo nuevas y mayores esferas de poder, condicionando de alguna manera el desarrollo de la polí­tica nacional. Con un estilo en donde el juego consiste en resaltar la «diferencia», a veces a costa del interés general. No sólo por cuestión de identidad, manda el dinero y conseguir el máximo posible en el reparto de presupuestos.

Esto en cuanto a Autonomí­as, debajo hay bastante más.

En este paí­s conviven superpuestas hasta cinco instancias administrativas: Ayuntamientos, Consejos comarcales, Mancomunidades, Diputaciones provinciales y Comunidades Autónomas. Algo así sólo puede mantenerse gracias a un ingente y continuo chorreo de dinero público: nada menos que 27.000 millones de euros al año.

En tales condiciones el gobierno central no pinta todo lo que quisiera; es como el padre que entrega dinero a los hijos sin poder imponerles mucho, como no sea la hora a la que deben volver a casa.

Las Comunidades gestionan los impuestos, despliegan sus propias polí­ticas, fijan los recortes que les convienen o interesa, etc. El resultado puede ir mejor o peor, en este último caso sabemos que perviven prácticas caciquiles arraigadas precisamente a nivel autonómico. Sin embargo no hay fácil solución porque hay mucha gente que vive de ello y regresar a un estado centralista tampoco parece la mejor idea.

En Cataluña por ejemplo se ha metido con fuerza la tijera en Sanidad al tiempo que destinan millón y medio de euros para el doblaje de pelí­culas al catalán.

Todos los partidos caen en el mismo vicio: gastar por encima del presupuesto. Si al menos gastaran bien… Lo malo es cuando caen en la golfería de considerar que el dinero público no tiene dueño, ellos disponen y por tanto nadie les va a decir cómo utilizarlo.

Muy probablemente, si en España se consiguiera erradicar el despilfarro en las administraciones locales y autonómicas, no se harí­an necesarios buena parte de los recortes aplicados a la sanidad o la educación con grave perjuicio para todos.

Esto funciona así­: los 17 miembros de una familia utilizan para desplazarse un coche propio, tienen despacho propio, personal propio, representación propia… Y todo ello, sea poco o mucho, lo pagamos entre todos.

Llaman al sistema «modelo autonómico» y a veces parece un modelo extendido de saqueo institucional. Sus polí­ticos se quedan todo lo posible para ellos, sus familias y para sus amplias clientelas. Además incitan a la ciudadanía a un enfrentamiento entre comunidades, viejo truco con el que distraer, ajustar los intereses propios y perdurar.

Del total de empleados públicos que hay en España sólo la mitad son funcionarios. Esos no sobran, los que sobran son la otra mitad, personal contratado para incontables entes y fundaciones.

En el entramado autonómico se encubren organismos privados con participación pública creados con arbitrariedad, sin control de cuentas y que no dejan de proliferar (más de 2.000). Son un auténtico agujero negro para las arcas públicas.

De todo esto se habla en La casta autonómica: La delirante España de los chiringuitos locales, de Gabriel Cruz y Sandra Mir, dos reporteros de investigación husmeando en el Estado de las Autonomí­as que ponen al descubierto una maraña administrativa sin fin y deja en evidencia el desbarajuste que hay montado en España. Un libro que podrí­a ser de humor si no fuese porque cada uno de los derroches y corruptelas narradas son absolutamente reales.

Al finalizar su lectura solo cabe preguntarse: ¿Qué hacemos dentro de este invento? Menos mal que el tono del libro es intencionadamente irónico, de otro modo acabarí­amos llorando de indignación.

Los autores explican que en España no hay una ley de información publica que obligue como en otros paí­ses a publicar los gastos reales de las administraciones. Tras el velo de la opacidad crece un gasto fuera de control.

Acorde con el deporte nacional de la envidia, caemos ví­ctimas del «virus autonómico», ese que provoca que las autonomí­as compitan entre sí­ hasta extremos absurdos. La idea es diferenciarse, no ser menos que el otro ni quedarse atrás, tener igual o más de lo que sea.

La gestión polí­tica abarca 17 autonomí­as, 8.000 ayuntamientos, 3.000 mini ayuntamientos y 100.000 cargos públicos. No importa el partido, la edad o el sexo, hay una constante repitiéndose: mala gestión polí­tica de los recursos.

El libro descubre y confirma claros ejemplos del disparate de leyes, recursos duplicados y situaciones surrealistas. Una estructura administrativa de cuerpo desproporcionadamente grande despilfarra cada año 22.000 millones de euros solo en organizaciones provinciales, por no hablar de los sueldos, dietas, coches de lujo y jubilaciones de oro de nuestros polí­ticos que salen del erario público.

Esto ha sido y es el paraí­so del enchufismo y los sueldazos. A los polí­ticos les asignas un presupuesto y un área para gestionar y la lí­an parda en cero coma. Por cierto, son personas que a menudo no han trabajado en su vida en el sector privado; su mérito radica en integrarse en la estructura de uno de los principales partidos polí­ticos y medrar con él. De hecho el 70% de nuestros dirigentes nunca ha trabajado fuera de la polí­tica.

Los disparates se han desarrollado durante años por todos los rincones del paí­s y de no ser por la crisis actual tal vez nunca nos habrí­amos percatado de la inmensidad de instituciones públicas y duplicidades que existen en nuestra Administración y de la tormenta de gastos que generan.

Prácticamente todos los Gobiernos regionales han creado sus propios Consejos de Estado, algunos incluso dos. Defensores del pueblo, del Menor, tribunales de cuentas, agencias de protección de datos.. y un sinfí­n de observatorios sin competencias claras pero con presupuestos abultados engrosan la lista de organismos públicos poco o nada eficientes. Trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propia televisión pública, todas ellas endeudadas hasta las trancas.

La clase polí­tica maquilla y legitima una democracia deficiente. Son oligarquí­as polí­ticas y económicas campando a sus anchas por distintas esferas regionales, sacando tajada a todo caudal de dinero que pasa por sus manos, blindándose entre sí­, controlando los medios de difusión y la enseñanza a través del adoctrinamiento y manteniendo extensas redes clientelares de fieles seguidores que perpetúan el modelo.

Un entramado brutal se encarga de prolongar esta locura. Veamos algunos ejemplos de sangrante despilfarro:

– ¿Sabí­as que hay subvenciones a la abeja extremeña o a la abeja catalana cuando en toda la pení­nsula solo hay una única especie de abeja ibérica?

– ¿Que en la Consejerí­a de Agricultura del anterior Gobierno balear tení­an 440 funcionarios trabajando mientras que en toda la Comunidad Balear estaban dadas de alta en actividades agrí­colas 430 personas?

– Si en Inglaterra, con unas trescientas y pico instituciones se apañan para administrar a 60 millones de habitantes, ¿por qué aquí­ tenemos más de 8.000, sólo en ayuntamientos?

– Cataluña tiene 27 instituciones y empresas públicas dedicadas a fomentar la polí­tica exterior de su Comunidad.

– Existen alcaldes de poblaciones medias con más de 50 asesores y conviven 47 tipos de contratos laborales.

– Montañas de leyes chocan entre sí­. Somos el paí­s que más informes emite y que peores resultados obtiene. Proyectar tendidos eléctricos, gestionar residuos o simplemente crear una empresa, pueden ser una tarea sin fin ante el peso de la burocracia de 17 mini-estados enfrentados con otras leyes centrales o municipales.

– Escolarizar a un alumno en otra autonomí­a puede suponer un trauma, más si implica cambiar de lengua. Existen más de cien subprogramas educativos diferentes.

– Los bomberos no pueden apagar el fuego en otra región, aunque se estén quemando las pestañas. Un empresario puede pasar un infierno si abre un negocio en dos comunidades diferentes.

– Por cierto, ¿sabí­as que un ayuntamiento cántabro eligió como concejal de Medio Ambiente a un sujeto condenado por pirómano?.

– Una vez puesta en marcha, la lí­nea de alta velocidad regional Toledo-Cuenca-Albacete tuvo 9 pasajeros al dí­a de media mientras el mantenimiento de cada viaje costaba 18.000 euros.

– En Baleares se creó un ferrocarril sin tener lí­nea férrea pero con los vagones comprados. En Coruña también se puede construir un edificio (420.000€) para observar las aves y no ser ni siquiera inaugurado o 56 millones para un Museo en Galicia de 17.000 metros cuadrados que aún espera obras de arte que lucir.

– En 2010, ya en plena crisis, Baleares se gastaba 12,5 millones en polí­tica lingüí­stica.

– La Junta de Extremadura creyó necesario en su momento crear el cargo de asesora en Asuntos Africanos, con sueldo anual de 50.918 euros e integrado en la llamada Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo. Al mismo tiempo existí­a un Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. En esta misma comunidad se establecieron sueldos vitalicios para quien pasara 2 años por un alto cargo.

– Todos los diputados tienen móvil de empresa ¿Cuánto durarí­a en su puesto un trabajador que se gastase 500 euros mensuales de media en llamadas? Es lo que se han llegado a gastar los diputados valencianos.

– No son pocos los alcaldes y presidentes de Comunidad que cobran más que el propio presidente del Gobierno (unos 78.000 euros al año). Algunos lo doblan, otros lo igualan siendo vicepresidentes o consejeros y hay 14 alcaldes de capitales de provincia que lo superan. Incluso algunos concejales tienen el sueldo por encima y hasta un operario del ayuntamiento de Parla ganaba 61.000 Euros anuales, hecho que asombró al Financial Times.

– Para promocionar el paí­s y velar por los intereses de los ciudadanos en el extranjero se crean las embajadas. Lo mismo han hecho cada una de las autonomí­as por su cuenta: Cataluña tiene 32 repartidas por el mundo, Paí­s Vasco 13, Valencia tiene 23, Madrid 11 y Andalucí­a 22 (¡incluida una en Madrid!). En total 402 millones de euros en embajadas, oficinas y delegaciones repartidas por el mundo (en Sao Paulo existen 11 oficinas comerciales de autonomí­as además de la del Estado).

– Alcorcón construyó un centro cultural más caro que el Guggenheim o la ampliación del Pardo. El presupuesto para el «Centro de Creación de las Artes», compuesto por auditorio, sala de congresos, de exposiciones y un circo, se disparó hasta los 180 millones de euros. Para la directora del centro se reserva un sueldo de 91.000€ anuales, más que el presidente del gobierno. Hoy los habitantes de Alcorcón están más endeudados que nunca gracias a esta brillante ejecución.

– En España se han inaugurado bibliotecas sin libros, hospitales de los que sólo habí­a una maqueta y aeropuertos sin aviones como el de Castellón, donde se gastan 500.000 euros en halcones para ahuyentar a las aves de unos aviones ausentes. Donde el responsable del aeródromo fantasma cobra unos 84.000€ al año y una escultura de 25 metros y 300.000€ preside el esperpéntico conjunto. En Alemania, con 82 millones de habitantes y un PIB que triplica al español, se arreglan con 38 aeropuertos. En España 52 aeropuertos, de los que no llegan a diez los rentables.

– El aeropuerto de Ciudad Real, con una de las pistas de aterrizaje mayores de Europa, apestó desde el principio: a menudo habí­a más personal asistiendo al avión que pasajeros. Hace poco se ha retirado la única compañí­a que todaví­a operaba aquí­ y lo hací­a porque recibí­a subvención pública. Es otro espacio casi fantasmal donde aún trabajan 86 personas. La compañí­a propietaria fue intervenida por los jueces después de más 500 millones invertidos y una deuda acumulada que los acreedores estiman en 319 millones de euros.

– Las autopistas radiales de Madrid R2-R3-R4-R5 tienen en su conjunto un tráfico medio diario que no llega al 30% necesario para que la infraestructura sea rentable. Los concesionarios de esas rutas no dejan de recibir subsidios para mantenerlas operativas.

– En La Rioja se montó una Consejerí­a de Sanidad autonómica, con toda su estructura y cargos. Algo un tanto surrealista si recordamos que sólo cuentan con un hospital.

– Más de 800.000€ se invirtieron en el Centro de Interpretación de las caras de Bélmez, museo financiado con fondos públicos para este municipio jienense donde se expondrán las fotos de las «caras» y podrán oí­rse algunas de las psicofoní­as del «misterio».

– Cuatro millones de euros costó trasladar la estatua madrileña de Colón unos 50 metros.

– También en Madrid, la Caja Mágica costó 300 millones y sólo se usa un par de semanas al año.

– La Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela: 400 millones para un conjunto de edificios que asombrarí­an a Europa. Se agotó el dinero antes de ejecutar dos de los seis edificios previstos. Hoy languidece entre exposiciones intrascendentes y conferencias minoritarias.

– Palacio de Congresos, Huesca. 30 millones para esta ciudad de poco más de 50.000 habitantes. En los últimos seis meses se ha celebrado en sus instalaciones un único congreso y cuatro ferias, una de ellas la de la cerveza.

– Setas de la Encarnación. Así­ bautizaron los sevillanos a un enloquecido proyecto encajonado en una plaza del centro de Sevilla que pasó de costar 50 millones en el presupuesto a 123 una vez terminado. Sin utilidad clara salvo por el mirador (¿un mirador de 123 millones?) y, eso sí­, el interesante museo con los restos romanos encontrados durante la construcción.

– Tranví­a de Jaén. En una de las ciudades más endeudadas de España, a la anterior alcaldesa se le metió entre ceja y ceja el proyecto. Se han gastado 120 millones de euros y el actual consistorio no lo pone en marcha porque no puede hacerse cargo de su mantenimiento.

– Otro tranví­a, el de Parla, costó 129 millones de euros y se estima que genera una deuda mensual en torno a los 800.000€

– El Hospital Universitario Central de Asturias, destinado a sustituir al antiguo, estaba inicialmente presupuestado en 205 millones pero ya va por los 1.700. Paradójicamente contará con menos plazas que el anterior.

– El precioso Centro Cultural Óscar Niemeyer de Avilés, diseñado por el arquitecto brasileño, dejó de programar en menos de un año después de haber sido inaugurado en marzo de 2011.

– El nuevo puerto deportivo de Laredo, en el que no atraca ningún barco, tuvo un coste de alrededor de 90 millones de euros. El Gobierno de Cantabria debe a los bancos cerca de 40 millones de euros como consecuencia de las obras.

– La Diputación de Orense es la segunda empresa de la provincia en cuanto a número de empleados. Son 950, casi la mitad militantes del partido en el poder o familiares directos. Además cuenta con 33 bedeles para custodiar el edificio.

– El senador por La Gomera lo fue durante veinte años sin que en su ficha del Senado español conste ninguna iniciativa o pregunta. Se lo ha llevado muerto, porque además era presidente del Cabildo insular. Envuelto en un lí­o de puticlub no hace mucho, fue obligado por su partido a dimitir (no olvidemos que aquí­ nadie dimite por iniciativa propia pase lo que pase). Ahora ya no es senador; solo gana 5.000€ como presidente del Cabildo de la Gomera.

Después de tan vergonzosos desmanes, nadie en la cárcel. ¿Quién paga todo esto? Nosotros.