El común desprecio hacia el funcionario

No soy funcionario. Como cualquier ciudadano, vi a lo largo de mi vida en oficinas de organismos públicos situaciones indignantes debidas al desinterés o desidia de algunos de sus empleados. Y como cualquier otro ciudadano, he hablado mal de ellos infinidad de veces, aún siendo consciente de lo mucho que nos encanta cebarnos con un colectivo contra el que hemos alcanzado un inusitado consenso de rechazo. Y sobre todo porque es muy fácil hacerlo.

Pero achacar sistemáticamente a los funcionarios nuestros males sociales es pueril, y maldecirlos a las primeras de cambio no me parece justo. A fin de cuentas, tirar de tópicos profesionales haciendo sangre resulta muy sencillo. Sirva como ejemplo la siguiente observación que encontré en los comentarios de una página:

• Los que curran en carreteras y ví­as públicas tienen que olvidarse de que trabaje uno y miren cinco.
• Las secretarias, a dejar de pintarse las uñas y de ir al servicio en parejas.
• Los de El Corte Inglés, de salir cada dos por tres a fumar diez cigarrillos.
• Los de atención al cliente de las telefónicas, que aprendan a usar el ordenador.
• Los vendedores, están horas de pie sin hacer nada para luego ponerte cara de perro.
• Los del bar tendrán que olvidarse de tardar una hora en servirte. Lo mismo los camareros de restaurante.

Y podrí­amos seguir y seguir… ¿A que es fácil vomitar insultos basándose en falacias que corren de boca en boca? ¡Ah! Y los diputados no están obligados a comparecer en el Congreso, se benefician de múltiples dietas y les aguarda una pensión cojonuda… Bueno, todo esto último sí que es cierto.

Muchos de vosotros sin duda tendréis algún familiar o conocido funcionario y os constará que en general intenta hacer bien su trabajo, será cumplidor y muy probablemente persona de bien. Entonces, ¿por qué repetir que todos ellos son unos flojos incompetentes y los demás no? ¿Acaso la empresa privada está libre de parásitos?

No envidio el trabajo de un funcionario atendiendo a docenas de personas cada dí­a, soportando a los que llegan histéricos sacando los dientes. Ese se ha ganado el pan de sobra. Por supuesto siguen estando con nosotros quienes se esfuerzan lo mí­nimo en su puesto, confirmando el estereotipo. Pero una baja productividad no sólo depende de ellos mismos, sus responsables deberí­an conducir y supervisar sus funciones mediante una implicación que a lo mejor no se da. Y racionalizar o sancionar si procede, cosa que tampoco suelen hacer. Aquí­ se multiplican los fallos en cadena hasta diluirse responsabilidades en el aparato gigantesco de la Administración.

No olvidemos que aumentar los recortes al funcionariado conlleva automáticamente menguar atención y servicios importantes para toda la sociedad y eso lo notaríamos en seguida. Y por otro lado, tened por seguro que siempre hay «alguien» cavilando en cómo privatizar tal o cual servicio público.

Para un Estado de derecho es fundamental que la Administración sea independiente del gobierno de turno, algo que a los polí­ticos no gusta mucho. Prefieren los nombramientos a dedo, personal de confianza, «asesores» y paniaguados con los que intercambiar lealtades y tratos de favor bordeando la legalidad y manipulando para que las cifras y resultados pinten favorables siempre.

Ahora que para los funcionarios parece se va a repetir la historia de reducción salarial + incremento de jornada, un poco de análisis frí­o no viene mal para entender mejor el origen de los clientelismos y de las designaciones a dedo que son realmente tumores enquistados en la sociedad española, en una palabra, de la corrupción sistémica.

Recomiendo la lectura de un artí­culo del profesor Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional. Su exposición no puede ser más lúcida, ni se me ocurre manera mejor de explicar el desempeño del funcionariado y su posición en medio de la crisis actual en España.

Me permito recoger algunos fragmentos:

«Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las ví­ctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. (..) al ser unas ví­ctimas selectivas, (..) el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira (..)

La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los polí­ticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fí­an de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberí­an tener lí­mites por ser representantes de la soberaní­a popular.

Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse polí­ticamente para acceder a puestos relevantes.

El deseo de crear un funcionariado afí­n ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales.

Este modo clientelar de entender la Administración, en sí­ mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-polí­tica conocida y con el fallo en los controles para atajarla. Estos gobernantes de todos los colores polí­ticos (..) son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial.

Pretender que trabaje media hora más al dí­a no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los (…) dí­as de libre disposición sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los polí­ticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayorí­a de los casos jamás tendrí­an ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda.

No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta».

Puede leerse el artí­culo completo en el siguiente enlace